# Bjørn Lomborg: la racionalidad de nuestras prioridades morales
**Bjørn Lomborg, es un politólogo danés, que ha desarrollado una reflexión sobre la manera en que las sociedades deberían afrontar los grandes problemas de la humanidad.** Aunque sus planteamientos suelen asociarse al debate sobre el cambio climático, su pensamiento plantea una cuestión de alcance más general: **¿cómo debemos decidir qué problemas merecen nuestra atención y qué recursos estamos justificados a emplear para resolverlos?**
> Desde una perspectiva ética y filosófica, Bjørn Lomborg puede definirse como un consecuencialista pragmático, cercano al utilitarismo, que sostiene que las decisiones públicas deben evaluarse principalmente por sus resultados previsibles. Para él, una política es moralmente preferible cuando consigue reducir más sufrimiento, salvar más vidas o mejorar en mayor medida el bienestar humano utilizando recursos limitados. Su pensamiento parte de considerar que las buenas intenciones no bastan para justificar una decisión. También es necesario analizar sus costes, sus efectos y las alternativas que se descartan. Sin embargo, Lomborg no puede identificarse completamente con un utilitarismo estricto. El cálculo de costes y beneficios no resuelve por sí solo cuestiones como la justicia distributiva, los derechos individuales, la protección de las generaciones futuras o el valor de la naturaleza. En síntesis, **Lomborg podría definirse como un consecuencialista pragmático y humanista, defensor de una ética racional de las prioridades, que intenta aplicar el análisis económico y científico a los problemas morales colectivos.** 
**Su principal aportación consiste en recordar que elegir una política implica siempre renunciar a otras** y que, por tanto, la responsabilidad moral exige preguntarse no solo qué objetivos son deseables, sino también qué medios permiten alcanzarlos de la manera más eficaz y justa. Podemos reconocer que el cambio climático, la pobreza, el hambre o determinadas enfermedades constituyen problemas graves sin que ello implique que debamos destinar los mismos recursos a combatirlos ni que debamos abordarlos en un orden determinado. Si los recursos disponibles son limitados, cada decisión implica renunciar a otras posibilidades. Por tanto, no basta con preguntarnos si una causa es justa o si un problema merece ser resuelto. Debemos preguntarnos también qué consecuencias tendrá nuestra intervención y qué otros beneficios dejamos de obtener al elegirla.
> **Por ejemplo, imaginemos que un gobierno decide gastar 1.000 millones de euros en una infraestructura destinada a reducir ligeramente las emisiones de CO₂. El objetivo puede ser legítimo, pero habría que preguntarse qué otras actuaciones podrían financiarse con esa misma cantidad. Tal vez permitiría construir hospitales, mejorar el acceso al agua potable, vacunar a millones de personas**, reforzar las defensas contra inundaciones o proporcionar alimentos y educación a poblaciones en situación de pobreza. Si estas alternativas evitaran más muertes o redujeran una cantidad mayor de sufrimiento, dedicar todo el presupuesto a la primera política tendría un coste de oportunidad muy elevado. 
> Algo parecido puede ocurrir con las ayudas al desarrollo. Un país puede gastar grandes cantidades en una campaña internacional de sensibilización sobre el cambio climático, pero quizá con ese mismo dinero podría instalar sistemas de agua potable en varias comunidades, financiar tratamientos contra enfermedades infecciosas o mejorar las redes de saneamiento. La campaña no sería necesariamente inútil, pero habría que comparar sus efectos con los beneficios que se obtendrían utilizando los recursos de otra manera. También puede aplicarse este razonamiento a las políticas energéticas. Si un gobierno destina miles de millones a subvencionar una tecnología renovable todavía muy cara y poco eficiente, quizá esté reduciendo algunas emisiones, pero al mismo tiempo puede estar dejando de invertir en investigación, almacenamiento energético o redes eléctricas más modernas. En cambio, si esos recursos se emplearan en desarrollar una tecnología limpia más barata y competitiva, podrían conseguirse reducciones de emisiones mucho mayores en el futuro y facilitar su adopción en países con menos recursos.
**Desde esta perspectiva, Lomborg defiende la utilización del análisis de costes y beneficios como instrumento para orientar las decisiones públicas. Su propuesta no consiste necesariamente en negar la importancia de ciertos objetivos, sino en distinguir entre la bondad de los fines y la eficacia de los medios.** Una política puede perseguir un propósito moralmente admirable y, sin embargo, resultar poco eficaz, excesivamente costosa o inferior a otras alternativas disponibles. Las buenas intenciones, por sí solas, no garantizan las buenas consecuencias.
**Lomborg nos obliga a considerar si nuestras decisiones morales pueden justificarse mediante criterios racionales** que permitan comparar sus consecuencias. Cuando afirmamos que debemos combatir la pobreza, proteger la naturaleza o prevenir una enfermedad, formulamos juicios normativos. **Sin embargo, cuando intentamos determinar qué actuación resulta preferible, necesitamos acudir también al conocimiento de la realidad**: qué consecuencias cabe esperar, qué medios están disponibles, qué recursos exige cada intervención y qué alternativas podrían producir mejores resultados.
**Podemos, por tanto, distinguir entre dos niveles de justificación. El primero se refiere a los fines, qué bienes debemos promover, qué derechos debemos respetar y qué intereses consideramos moralmente relevantes. El segundo se refiere a los medios**: cuáles son las intervenciones más eficaces para alcanzar esos fines y qué consecuencias cabe esperar de cada alternativa. Lomborg resulta especialmente convincente cuando insiste en la importancia del segundo nivel, aunque su propuesta puede resultar insuficiente cuando pretende que el cálculo económico oriente decisiones que exigen resolver también desacuerdos sobre el primero.
**Su posición respecto al cambio climático constituye quizá el ejemplo más conocido. Lomborg no niega la existencia del calentamiento global ni la responsabilidad humana en su origen. Lo que cuestiona es la conveniencia de algunas de las respuestas políticas que se proponen para combatirlo.** Considera que determinadas estrategias de reducción rápida de emisiones pueden tener costes muy elevados y que sería necesario compararlas con políticas de adaptación, inversiones en innovación energética y actuaciones destinadas a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables.
En este sentido, concede una importancia especial al desarrollo económico y al progreso tecnológico. Las sociedades con mayores recursos suelen disponer de mejores infraestructuras, sistemas sanitarios más eficaces y una capacidad superior para afrontar desastres naturales. Por eso sostiene que reducir la pobreza y favorecer el desarrollo puede contribuir también a disminuir los efectos perjudiciales del cambio climático. Del mismo modo, considera que la investigación en energías limpias y competitivas puede facilitar una transición energética más eficaz que determinadas políticas basadas fundamentalmente en restricciones. **Su argumento es que, en lugar de intentar reducir el consumo de combustibles fósiles principalmente mediante prohibiciones, impuestos elevados o limitaciones a su utilización, deberíamos invertir más en desarrollar alternativas energéticas que resulten más baratas y eficientes.**
> Mejorar el rendimiento de los paneles solares, desarrollar sistemas de almacenamiento de electricidad más económicos o investigar nuevas tecnologías energéticas permitiría que las energías limpias compitieran con los combustibles fósiles sin depender tanto de restricciones impuestas por los gobiernos. Si estas alternativas llegaran a ser más económicas, también los países menos desarrollados tendrían mayores incentivos para adoptarlas. La idea es que una tecnología suficientemente competitiva puede extenderse por sus propias ventajas económicas y conseguir reducciones de emisiones a escala mundial. Esto no excluye necesariamente otras políticas ambientales, pero desplaza la prioridad hacia la innovación tecnológica.
> Otro ejemplo puede encontrarse en el transporte aéreo. En lugar de prohibir o limitar drásticamente la aviación por sus emisiones contaminantes, una política inspirada en el enfoque de Lomborg podría consistir en invertir en investigación para desarrollar aviones más eficientes y menos contaminantes. Esto incluiría mejorar el diseño de los motores, utilizar combustibles sostenibles, desarrollar aviones eléctricos o impulsados por hidrógeno y optimizar las rutas y los sistemas de gestión del tráfico aéreo. La aviación cumple una función económica y social importante, por lo que una prohibición general podría generar costes elevados para millones de personas y perjudicar especialmente a quienes dependen de este medio de transporte para trabajar, estudiar o mantener relaciones familiares.
**Esta confianza en el progreso se relaciona con otra de sus ideas características como es la crítica al catastrofismo.** Lomborg considera que las descripciones excesivamente alarmistas de los problemas ambientales pueden distorsionar nuestra percepción de la realidad y favorecer decisiones precipitadas. Propone examinar los riesgos a partir de datos, tendencias históricas y estimaciones de sus consecuencias, teniendo en cuenta tanto los problemas existentes como los avances realizados. 
> A lo largo de las últimas décadas se han difundido diversas predicciones sobre catástrofes ambientales inminentes que no llegaron a producirse en los plazos anunciados. En 1968, el biólogo Paul Ehrlich sostuvo en *La bomba demográfica* que durante la década de 1970 cientos de millones de personas morirían de hambre como consecuencia de la superpoblación, una previsión que no se cumplió. En 1989, Noel Brown, responsable de la oficina neoyorquina del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, advirtió de que algunos países podrían desaparecer debido al aumento del nivel del mar si no se lograba revertir el calentamiento global antes del año 2000. Aunque aquella advertencia era condicional y no afirmaba que esos países desaparecerían necesariamente en 2000, el plazo anunciado no supuso el punto de pérdida irreversible de control que se temía. En marzo de 2000, el periódico británico *The Independent* publicó un artículo según el cual las nevadas podrían convertirse en algo excepcional en el Reino Unido en pocos años, recogiendo las declaraciones del climatólogo David Viner. Sin embargo, durante las décadas posteriores continuaron produciéndose importantes episodios de nieve. En diciembre de 2007, el investigador de la NASA Jay Zwally señaló que, si continuaba el ritmo de deshielo observado, el océano Ártico podría quedar prácticamente libre de hielo al final del verano de 2012. Ese mismo mes, el oceanógrafo Wiesław Masłowski planteó que el hielo marino ártico podría desaparecer durante el verano de 2013, una fecha mucho más cercana que las estimaciones habituales de entonces. En 2009, Al Gore difundió públicamente previsiones según las cuales esto podría suceder en un plazo aproximado de cinco a siete años, es decir, entre 2014 y 2016. Ninguna de estas fechas se cumplió: en septiembre de 2026, el hielo marino del Ártico todavía cubría unos 4,6 millones de kilómetros cuadrados en su mínimo anual. Sin embargo, sería incorrecto concluir de ello que el calentamiento no existe, pues la extensión del hielo ártico ha disminuido considerablemente respecto a décadas anteriores. Lo que muestran estos ejemplos es que determinadas advertencias públicas y proyecciones particulares resultaron excesivamente pesimistas en sus plazos. También ponen de manifiesto la importancia de distinguir entre una predicción científica, un escenario condicionado y su presentación mediática, que en ocasiones transforma posibilidades inciertas en acontecimientos aparentemente inevitables.
**Lomborg ha intentado concretar sus prioridades mediante estimaciones comparativas sobre el rendimiento de distintas políticas.**
> En los proyectos del Copenhagen Consensus, por ejemplo, ha defendido que algunas intervenciones sanitarias y de desarrollo ofrecen beneficios muy superiores a los de otras medidas más costosas. Entre las actuaciones consideradas especialmente rentables se encuentran la distribución de suplementos de vitamina A y zinc para prevenir la desnutrición infantil, la vacunación, los tratamientos contra enfermedades infecciosas, la mejora del saneamiento y el acceso al agua potable. Según las estimaciones utilizadas en esos análisis, cada dólar invertido en determinados programas de nutrición puede generar decenas de dólares en beneficios sociales, al evitar muertes, mejorar el desarrollo cognitivo y aumentar los ingresos futuros de las personas beneficiarias. En algunas evaluaciones, la administración de vitamina A y zinc se ha situado en torno a los 17 dólares de beneficio por cada dólar invertido, mientras que la mejora de la nutrición materna y neonatal ha alcanzado estimaciones superiores a 30 dólares por dólar. Estas cifras no deben interpretarse como resultados garantizados en cualquier país, pues dependen de los precios, la organización de los servicios y la población atendida, pero ilustran el tipo de comparación que Lomborg propone.
> También se han señalado beneficios elevados para intervenciones como la vacunación infantil, la prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos y la instalación de sistemas de agua y saneamiento. En algunos estudios del Copenhagen Consensus, la vacunación contra enfermedades como el sarampión, la rubéola o la hepatitis B ha sido valorada en varias decenas de dólares de beneficio por cada dólar gastado, debido a los costes médicos y las pérdidas de productividad que evita. Del mismo modo, la distribución de mosquiteras tratadas con insecticida y el tratamiento de la malaria pueden producir beneficios muy superiores a su coste cuando se aplican en zonas de alta transmisión. Lomborg utiliza estos ejemplos para sostener que, antes de comprometer grandes cantidades de dinero en políticas de resultados inciertos, convendría financiar aquellas medidas cuyo impacto positivo está mejor documentado.
> En relación con el cambio climático, sus propuestas suelen conceder prioridad a la investigación y el desarrollo de tecnologías energéticas. En los debates del Copenhagen Consensus sobre el clima se han manejado inversiones anuales del orden de 100.000 millones de dólares en investigación, desarrollo y demostración de energías limpias, con el objetivo de reducir el coste de las tecnologías bajas en carbono y acelerar su adopción mundial. La lógica de esta propuesta es que una reducción moderada del precio de la energía solar, eólica, nuclear, del almacenamiento o de otras tecnologías podría generar reducciones de emisiones mucho mayores que las obtenidas mediante políticas aplicadas únicamente en los países ricos. En algunos de sus análisis, Lomborg ha comparado estas inversiones con los costes de cumplir objetivos climáticos muy estrictos y ha sostenido que la innovación podría ofrecer beneficios globales superiores a los de una reducción inmediata y muy cara de las emisiones.
**Por otro lado, las críticas a Bjørn Lomborg se centran en su rigor científico. "El ecologista escéptico" (2001) recibió reproches de especialistas por citas erróneas**, selección interesada de datos y mal uso de las fuentes, hasta el punto de que en 2003 un comité danés lo calificó de objetivamente deshonesto, aunque el Ministerio de Ciencia anuló después esa decisión por falta de fundamentación, sin pronunciarse sobre el fondo. Economistas como Nicholas Stern cuestionan sus tasas de descuento y su forma de valorar los daños futuros. **Otros señalan que es estadístico y politólogo, no climatólogo**, y que opina contra el consenso sin haber publicado investigación climática propia. Organizaciones como Climate Feedback y científicos como Michael Mann han calificado de engañosos varios de sus artículos de opinión.
Una segunda línea de crítica apunta al efecto de sus posiciones. **Al priorizar la adaptación y la inversión en tecnología limpia frente a la reducción inmediata de emisiones, sus detractores sostienen que subestima los riesgos y los puntos de no retorno**, y que sus argumentos sirven para aplazar la acción climática. También se cuestionan la financiación de su Copenhagen Consensus Center y el espacio mediático desproporcionado que recibe. Universidades como la Copenhagen Business School (2012) y la de Western Australia (2015) abandonaron proyectos vinculados a él tras las protestas del profesorado. Lomborg responde que reconoce el cambio climático como real y de origen humano, que sus cifras proceden de fuentes como el IPCC y que su debate versa sobre las prioridades de gasto.