## El dato


En 2024, **2.100 millones de personas —aproximadamente una de cada cuatro en el mundo— no disponían en su hogar de un servicio de agua potable gestionado de forma segura**. La estimación procede del [Programa Conjunto de Monitoreo de la OMS y UNICEF (JMP)](https://washdata.org/reports/jmp-2025-wash-households), responsable del seguimiento internacional del agua, el saneamiento y la higiene, y fue publicada el 25 de agosto de 2025 en su informe sobre el periodo 2000-2024.


La expresión técnica importa. «Gestionado de forma segura» no significa simplemente que exista alguna fuente de agua. El indicador exige que el agua proceda de una fuente mejorada, se encuentre **en la propia vivienda o parcela, esté disponible cuando se necesita y no presente contaminación fecal ni por sustancias químicas prioritarias**. La [página de datos de UNICEF](https://data.unicef.org/topic/water-and-sanitation/drinking-water/) permite consultar la definición, las series y las descargas asociadas.


El número global se distribuye en situaciones muy diferentes: 1.400 millones de personas contaban con un servicio básico, 287 millones con uno limitado, 302 millones recurrían a fuentes no mejoradas y 106 millones bebían directamente de aguas superficiales. Por tanto, el dato no afirma que 2.100 millones de personas carezcan de cualquier agua. Afirma algo más preciso: ninguna de ellas reúne simultáneamente las condiciones de proximidad, disponibilidad y seguridad con las que el JMP operacionaliza este servicio.


Entre 2015 y 2024, la cobertura mundial aumentó del 68 % al 74 % y 961 millones de personas obtuvieron acceso. En las zonas rurales pasó del 50 % al 60 %, mientras que en las urbanas permaneció en el 83 %. Son las cifras que presenta el [informe de UNICEF](https://data.unicef.org/resources/jmp-report-2025/) y resume también el [comunicado conjunto de la OMS y UNICEF](https://www.who.int/news/item/26-08-2025-1-in-4-people-globally-still-lack-access-to-safe-drinking-water---who--unicef), fechado el 26 de agosto de 2025.


El dato, entonces, contiene dos afirmaciones verdaderas: ha habido un avance considerable y la privación sigue afectando a una cuarta parte de la humanidad. Pero su interés filosófico no consiste en obligarnos a elegir entre el optimismo y el pesimismo. Consiste en mostrar que un promedio de progreso y un derecho universal obedecen a lógicas distintas.


## La extraña invisibilidad de una infraestructura


Cuando el agua segura está disponible en casa, su presencia suele experimentarse como ausencia de problema. Abrir un grifo no parece ejercer una libertad política ni disfrutar de una compleja conquista institucional. Parece un movimiento corporal casi natural. Solo la avería, la contaminación o el corte hacen visible la red de captación, tratamiento, energía, tuberías, análisis, regulación y trabajo que sostenía el gesto.


Esta invisibilidad produce una ilusión: que el agua llega por sí misma y que el individuo simplemente la consume. Sin embargo, el agua segura es un bien profundamente social. No basta con que exista agua en la naturaleza ni con que una persona tenga fuerza para recogerla. Hace falta una organización estable que la vuelva accesible, controle su calidad y garantice su continuidad.


La infraestructura modifica así el contenido efectivo de la libertad. Quien dispone de agua segura no obtiene solo una cantidad de líquido. Obtiene tiempo que no dedica a buscarla, una reducción de incertidumbre, protección frente a riesgos que no puede detectar a simple vista y la posibilidad de organizar la vida doméstica sin que cada jornada comience resolviendo una necesidad elemental. La tubería no es únicamente una comodidad: es una institución materializada.


Desde fuera, 2.100 millones es una cifra que cabe en una frase. Desde dentro, la carencia no se vive como una estadística, sino como repetición: almacenar, esperar, desplazarse, dudar, hervir, racionar, pagar, comprobar si hoy hay suministro. La mirada global permite contar una injusticia que de otro modo permanecería dispersa; al mismo tiempo, pierde la textura temporal de aquello que cuenta. El reto no es renunciar a la distancia estadística, sino evitar que la magnitud sustituya a la experiencia concreta que pretendía hacer visible.


## Medir un derecho


En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció, mediante la [Resolución 64/292](https://digitallibrary.un.org/record/687002?ln=es), el derecho al agua potable y al saneamiento como esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Ya en 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales había precisado que el derecho al agua exige que sea suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible.


El indicador del JMP convierte parte de esa exigencia normativa en condiciones observables. Esta traducción es necesaria. Un derecho que no produce criterios, datos y responsabilidades corre el riesgo de quedar reducido a una proclamación solemne. Contar permite comparar, detectar retrocesos, distribuir recursos y exigir explicaciones.


Pero traducir no es reproducir íntegramente. El indicador de agua gestionada de forma segura incluye tres dimensiones decisivas —accesibilidad en el hogar, disponibilidad y ausencia de contaminantes—, pero no agota todo lo que el derecho declara. No mide por sí solo si el coste resulta asequible, si la cantidad es suficiente para todos los usos personales y domésticos, si el servicio se presta sin discriminación o si es culturalmente aceptable. Tampoco una única cifra global informa de quién controla el recurso, qué grupos sufren interrupciones o qué cargas económicas sostienen la conexión.


Esta diferencia no desacredita la medición; limita la conclusión que podemos extraer de ella. Alcanzar el umbral estadístico es una condición importante, pero no equivale automáticamente a realizar el derecho. El error aparece cuando olvidamos que el indicador fue diseñado para representar ciertas dimensiones y lo tratamos como si definiera la totalidad del bien.


También ocurre lo contrario. Quedar fuera de la categoría «gestionado de forma segura» no describe una privación uniforme. Una familia con agua de fuente mejorada a pocos minutos y otra que bebe de un río contaminado aparecen dentro de los 2.100 millones, aunque sus riesgos y necesidades inmediatas sean radicalmente distintos. La clasificación agrupa porque necesita hacer visible una frontera política; la acción justa debe volver a distinguir.


## El umbral y sus adversarios


Puede objetarse que exigir simultáneamente todas las condiciones establece un estándar demasiado alto. Si una política lleva una fuente mejorada cerca de una comunidad, reduce de modo sustancial el daño aunque todavía no garantice agua en cada vivienda. Clasificar ese resultado como carencia de servicio seguro podría ocultar el progreso intermedio, desmoralizar esfuerzos o favorecer inversiones costosas donde otras intervenciones básicas salvarían más vidas.


La objeción es fuerte porque los recursos son finitos y las mejoras parciales importan. El propio desglose del JMP evita tratar todas las situaciones como equivalentes. Pasar de beber agua superficial a utilizar una fuente mejorada es una ganancia real aunque no culmine el objetivo.


Sin embargo, de esa verdad no se sigue que el estándar deba rebajarse hasta coincidir con cualquier mejora. Si el objetivo final es que las personas dispongan de agua segura cuando la necesitan, presentar una fuente distante o intermitente como cumplimiento pleno normalizaría una desigualdad que quienes disfrutan de suministro doméstico rara vez aceptarían para sí mismos. Los peldaños intermedios sirven para reconocer avances, no para convertir una solución incompleta en destino definitivo.


Otra posición sostiene que el lenguaje de los derechos es demasiado absoluto para orientar decisiones graduales. Los gobiernos deben elegir entre redes, pozos, tratamientos, mantenimiento, saneamiento y múltiples necesidades públicas; ninguna declaración elimina la escasez presupuestaria. Desde esta perspectiva, hablar de derecho universal puede ocultar los costes de oportunidad y convertir todo incumplimiento en una acusación moral indiscriminada.


La dificultad es real, pero tampoco invalida el derecho. Su función no es fingir que los recursos carecen de límite, sino alterar qué cuenta como razón suficiente para dejar a alguien fuera. Si el agua segura es un derecho y no una mercancía ordinaria, la capacidad de pago no puede decidir por sí sola el acceso, y la carga de justificar la demora recae sobre las instituciones. La realización puede ser progresiva; la prioridad moral no tiene por qué serlo.


## Por qué el 74 % no basta


Un promedio puede mejorar mientras una población concreta empeora. También puede mantenerse estable aunque millones ganen acceso y otros millones lo pierdan, siempre que los movimientos se compensen. Por eso, el 74 % mundial describe una proporción, no una distribución justa.


La diferencia entre promedio y derecho puede expresarse con claridad. Para una política orientada a maximizar cobertura, pasar del 68 % al 74 % constituye un éxito mensurable. Para una concepción universal del derecho, cada persona que continúa excluida mantiene abierta una obligación. El progreso agregado no cancela la reclamación individual.


Esto no significa que todos los incumplimientos sean igualmente culpables ni que cualquier gobierno pueda resolverlos de inmediato. Significa que no debemos permitir que la mejora de la mayoría vuelva moralmente invisible a la minoría restante. En realidad, las últimas etapas de la universalización suelen exponer la estructura de la desigualdad: quienes quedan fuera no son necesariamente los casos más fáciles de alcanzar, sino poblaciones rurales, pobres, desplazadas o situadas en contextos frágiles, donde la provisión cuesta más y la voz política suele pesar menos. El [JMP señala](https://washdata.org/reports/jmp-2025-wash-households) precisamente que su actualización de 2025 presta especial atención a esas desigualdades.


Una lógica puramente agregativa puede preferir las conexiones más baratas y celebrar el aumento porcentual. Una lógica de derechos obliga a preguntar quién permanece fuera después de ese aumento. No porque las cifras globales sean falsas, sino porque la igualdad no consiste en producir el mayor número de beneficiarios ignorando sistemáticamente a quienes resulta más costoso atender.


## Lo que el dato permite afirmar


La estimación permite afirmar que en 2024 el 26 % de la población mundial no reunía las condiciones del servicio de agua potable gestionado de forma segura; que la cobertura había mejorado seis puntos porcentuales desde 2015; que el progreso rural fue importante y que la cobertura urbana no avanzó en porcentaje. Permite además observar distintos grados de servicio y comparar tendencias mediante una metodología común.


No permite identificar por sí sola la causa de cada carencia. El dato no demuestra que la escasez física de agua sea el factor decisivo, ni cuánto corresponde a pobreza, conflicto, contaminación, mala gestión, crecimiento urbano o falta de infraestructuras. Tampoco establece qué intervención concreta sería más eficaz en cada lugar. Una relación estadística entre fragilidad y baja cobertura no bastaría, por sí misma, para aislar una cadena causal única.


Estas limitaciones no hacen débil el dato. Lo protegen del uso retórico. Una cifra adquiere fuerza pública cuando sabemos exactamente qué mide y resistimos la tentación de hacerla decir más. Aquí su afirmación ya es suficientemente grave: una de cada cuatro personas vive sin la combinación de cercanía, continuidad y seguridad del agua que las instituciones internacionales consideran el estándar exigible.


## Un derecho escondido en el grifo


El dato rompe una familiaridad engañosa. Aquello que para una parte del mundo constituye el fondo silencioso de la vida cotidiana sigue siendo una tarea incierta para otra. La diferencia no reside en una preferencia de consumo, sino en las condiciones materiales desde las que cada persona puede cuidar el cuerpo, organizar el tiempo y evitar riesgos.


Los 961 millones de nuevos accesos desde 2015 prueban que las infraestructuras y las políticas pueden transformar esa condición. No autorizan a describir el problema como resuelto. La cifra de 2.100 millones conserva toda su fuerza precisamente porque el estándar es universal: el avance merece ser reconocido, pero no convierte la exclusión restante en un residuo estadístico aceptable.


Un derecho no se realiza cuando el promedio alcanza una cifra suficientemente tranquilizadora. Se realiza cuando deja de depender del lugar de nacimiento, de la renta, de la estabilidad política o de la facilidad técnica con la que una persona puede ser incorporada a una red. El agua segura se vuelve entonces lo que ya parece para quienes nunca tienen que pensar en ella: no un privilegio visible, sino una condición ordinaria de la libertad.


## Fuentes


- OMS y UNICEF, [«1 in 4 people globally still lack access to safe drinking water»](https://www.who.int/news/item/26-08-2025-1-in-4-people-globally-still-lack-access-to-safe-drinking-water---who--unicef), 26 de agosto de 2025.

- Programa Conjunto de Monitoreo OMS/UNICEF, [*Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2024: Special focus on inequalities*](https://washdata.org/reports/jmp-2025-wash-households), 2025.

- UNICEF Data, [informe JMP 2025 y resumen de resultados](https://data.unicef.org/resources/jmp-report-2025/), 25 de agosto de 2025.

- UNICEF Data, [datos y definición del indicador de agua potable](https://data.unicef.org/topic/water-and-sanitation/drinking-water/), actualización del 25 de agosto de 2025.

- Asamblea General de las Naciones Unidas, [Resolución 64/292: El derecho humano al agua y el saneamiento](https://digitallibrary.un.org/record/687002?ln=es), 28 de julio de 2010.