La Rusia contemporánea suele describirse mediante categorías aparentemente contradictorias. Celebra elecciones, pero la alternancia política resulta prácticamente imposible. Reconoce la propiedad privada, pero el Estado puede redistribuirla de manera arbitraria. Mantiene instituciones formalmente diferenciadas, aunque el poder efectivo se concentra alrededor del presidente. Posee una economía mucho menor que la de las principales potencias occidentales, pero conserva una extraordinaria capacidad militar, nuclear y geopolítica.
Estas contradicciones no son accidentes aislados. Según el historiador Stephen Kotkin, forman parte de un sistema reconocible: una autocracia personalista asentada sobre una larga tradición patrimonial. En ella, la frontera entre el Estado y los intereses de quienes lo gobiernan se vuelve imprecisa; la lealtad prevalece sobre la legalidad; y la supervivencia del régimen termina identificándose con la supervivencia de la propia nación.
El resultado no es simplemente una dictadura convencional ni una prolongación intacta de la Unión Soviética. Es un régimen poscomunista que combina propiedad privada, capitalismo de compadrazgo, rentas energéticas, nacionalismo imperial, elecciones controladas y una creciente militarización. Para comprenderlo no basta con estudiar a Vladímir Putin como individuo. Es necesario analizar las estructuras históricas que hicieron posible su poder, los mecanismos con los que neutraliza el disenso y la tensión permanente entre las ambiciones de Rusia y sus capacidades reales.
El acertijo geopolítico ruso
La interpretación histórica de Kotkin parte de una tensión que atraviesa varios siglos de historia rusa. Rusia se concibe a sí misma como una gran potencia providencial, portadora de una misión especial y acreedora de un lugar central en el orden mundial. Sin embargo, sus capacidades económicas, tecnológicas y administrativas rara vez han estado a la altura de esas aspiraciones.
Esta distancia entre ambición y capacidad constituye lo que podríamos llamar el «acertijo geopolítico» ruso. El Estado pretende competir con las potencias más desarrolladas, pero carece de una base productiva comparable. Para compensar esa diferencia recurre periódicamente a formas de modernización acelerada y coercitiva: concentra recursos, limita el consumo, refuerza el ejército y obliga a la sociedad a soportar enormes sacrificios.
El modelo puede producir avances espectaculares durante algún tiempo. La industrialización soviética constituye su manifestación más extrema. No obstante, la movilización forzada también genera rigidez, ineficiencia y estancamiento. El poder que impulsa la modernización termina debilitando las instituciones capaces de sostenerla a largo plazo.
Kotkin observa una continuidad histórica —sin afirmar por ello que el zarismo, el estalinismo y el putinismo sean idénticos—: un régimen autocrático que restringe el consumo, militariza de manera desproporcionada el país, fortalece el aparato policial y acaba amenazando a sus vecinos. Esa pauta histórica ayuda a comprender por qué Rusia puede exhibir simultáneamente una considerable fortaleza estratégica y una persistente fragilidad económica.
El problema, por tanto, no es que Rusia carezca de poder. Lo tiene, y en determinadas materias lo posee en un grado extraordinario. El problema es que intenta representar un papel global superior al que pueden sostener de manera estable su productividad, su demografía, su tecnología y sus instituciones. La política exterior agresiva aparece entonces como una forma de compensación: la audacia estratégica intenta suplir la insuficiencia material.
Europea por cultura, pero no occidental por sus instituciones
Kotkin establece una distinción importante entre pertenencia cultural y organización institucional. Rusia es indiscutiblemente europea en muchos sentidos. Su literatura, su música, su pensamiento, su arte y su tradición religiosa forman parte de la historia cultural de Europa. Sería absurdo excluir de ella a Tolstói, Dostoievski, Chéjov, Chaikovski o la tradición intelectual rusa.
Pero «Occidente», en el sentido político que interesa a Kotkin, no designa únicamente una geografía o una civilización. Designa también un conjunto de instituciones: división de poderes, límites constitucionales al ejecutivo, independencia judicial, libertades civiles, seguridad jurídica y protección efectiva de la propiedad.
Rusia ha conocido momentos de apertura, reformas parciales y experiencias pluralistas, pero no ha conseguido consolidar de manera duradera ese entramado institucional. La consecuencia es que las normas dependen en gran medida de las decisiones del poder político. No se trata de que no existan leyes, tribunales, parlamentos o constituciones, sino de que estos elementos no actúan como contrapesos autónomos capaces de limitar eficazmente al gobernante.
Esta distinción permite evitar dos simplificaciones. La primera sería considerar a Rusia esencialmente ajena a Europa. La segunda consistiría en suponer que la adopción de instituciones formalmente similares a las occidentales basta para producir un Estado de derecho. Un parlamento sin capacidad efectiva para fiscalizar al ejecutivo, unos tribunales sometidos y unas elecciones sin competencia real pueden conservar las formas de la institucionalidad moderna y, al mismo tiempo, vaciarla de contenido.
El patrimonialismo: el Estado como propiedad del gobernante
El concepto central del análisis de Kotkin es el patrimonialismo. En un sistema patrimonial, la distinción entre lo público y lo privado se vuelve borrosa. Los recursos estatales no se administran como bienes impersonales sometidos a normas generales, sino como instrumentos a disposición del gobernante y de su círculo.
Esto no significa necesariamente que Putin sea propietario legal de toda la economía rusa. La cuestión es más profunda: el poder político puede decidir quién conserva sus bienes, quién recibe contratos, quién accede a sectores estratégicos y quién es apartado de ellos. El sistema no necesita abolir la propiedad privada; le basta con hacerla condicional.
La diferencia con un Estado de derecho es fundamental. En este último, la propiedad no depende, al menos idealmente, de la simpatía del gobernante. Puede ser limitada o expropiada, pero únicamente mediante procedimientos legales, garantías judiciales y criterios generales. En el sistema patrimonial, por el contrario, la seguridad económica está vinculada a la posición política. La riqueza puede tolerarse e incluso fomentarse siempre que no se convierta en una fuente autónoma de poder.
El enfrentamiento entre Putin y determinados oligarcas durante los primeros años de su presidencia dejó clara esta regla. Los grandes empresarios podían conservar su fortuna, pero no emplearla para desafiar al Kremlin. De este modo se estableció un pacto desigual: enriquecimiento y protección a cambio de subordinación.
Tras la invasión de Ucrania y la retirada de numerosas compañías occidentales, esta lógica adquirió una nueva dimensión. Activos comerciales abandonados, vendidos bajo presión o sometidos a administración estatal fueron transferidos a empresarios próximos al poder. La guerra no solo transformó la economía; también produjo nuevas oportunidades de redistribución patrimonial y creó una élite cuyos intereses materiales están ligados a la continuidad del conflicto.
Kotkin ha recurrido a expresiones deliberadamente provocadoras, como «Estado mafia poscomunista» o Trashcanistan, para subrayar el alcance de la captura privada de los recursos públicos. No quiere decir simplemente que exista corrupción. La corrupción aparece en numerosos sistemas políticos. La particularidad rusa consiste en que la apropiación de recursos no representa una desviación ocasional del funcionamiento estatal: se integra en el modo mediante el cual se organiza la lealtad.
Un capitalismo sin propiedad plenamente segura
La economía rusa es capitalista en un sentido básico: existen empresas privadas, mercados, fortunas personales, salarios, inversiones y acumulación de capital. No es una economía planificada como la soviética. Sin embargo, tampoco constituye una economía de mercado liberal asentada sobre derechos impersonales y previsibles.
Podría definirse como un capitalismo patrimonial o político. La propiedad privada existe, pero su protección última no procede de una legalidad independiente, sino de la relación del propietario con el poder. Un empresario puede ser extraordinariamente rico y, al mismo tiempo, políticamente impotente. Su fortuna no lo independiza del Estado; puede aumentar su dependencia.
El régimen ha entendido además que su supervivencia no exige maximizar el crecimiento económico general. En una democracia competitiva, el estancamiento prolongado puede provocar la derrota electoral del gobierno. En una autocracia sin alternancia real, la prioridad es distinta. Kotkin la formula como la diferencia entre el producto interior bruto y el flujo de caja: al régimen le preocupa menos que toda la economía prospere que disponer de ingresos líquidos suficientes para financiar la seguridad, el ejército, la administración y las redes de fidelidad.
Las exportaciones de petróleo, gas y otras materias primas cumplen esta función. Las rentas energéticas proporcionan al poder central recursos que no dependen directamente de una ciudadanía fiscalmente autónoma. Permiten retribuir a las élites, sostener el aparato coercitivo y amortiguar determinados descontentos sociales.
Esto no significa que el crecimiento carezca por completo de importancia. Una economía deteriorada limita las capacidades militares y puede generar tensiones. Pero el régimen puede aceptar daños graves en sectores civiles si conserva los ingresos esenciales y mantiene bajo control a los actores relevantes. Kotkin lo resume de manera contundente: un autócrata puede tolerar la pérdida de una industria nacional o varios puntos de crecimiento si sigue disponiendo del dinero necesario para asegurar la obediencia.
De la economía rentista a la economía de guerra
La invasión de Ucrania aceleró la militarización del sistema. El Estado redirigió gasto público, producción, empleo y financiación hacia las necesidades bélicas. La industria armamentística se convirtió en uno de los motores de la actividad económica, mientras otras áreas tuvieron que competir por trabajadores y recursos.
Una economía militarizada puede mostrar indicadores de crecimiento sin que ello equivalga a un aumento semejante del bienestar. La fabricación de munición, la reconstrucción de material destruido o las indemnizaciones vinculadas a la guerra generan actividad contable, pero no necesariamente mejoran las condiciones de vida ni aumentan la capacidad productiva futura.
También aparece una peligrosa dependencia política. Cuantas más regiones, empresas y familias reciben ingresos procedentes del gasto militar, más difícil resulta desmovilizar la economía sin provocar una crisis. La guerra deja de ser únicamente una decisión de política exterior y comienza a integrarse en el mecanismo interno de distribución.
El sistema adquiere así una circularidad inquietante. Las rentas energéticas financian la guerra; la guerra justifica un mayor control político; el control permite imponer sacrificios económicos; y la redistribución de activos crea grupos interesados en la continuidad del régimen.
Elecciones sin alternativa
La Rusia de Putin conserva elecciones, partidos y campañas, pero elimina de forma sistemática las condiciones necesarias para una competencia auténtica. Los candidatos capaces de representar una amenaza son inhabilitados, encarcelados, desacreditados, empujados al exilio o excluidos mediante decisiones administrativas y judiciales.
Por eso Kotkin habla de «elecciones sin opción». El ciudadano puede depositar una papeleta, pero no dispone de una alternativa capaz de disputar el poder en condiciones razonablemente equitativas. La finalidad de estas elecciones no es permitir la alternancia, sino producir legitimidad, demostrar capacidad de movilización y medir el grado de control territorial de la administración.
Esta práctica no convierte el voto en completamente irrelevante. Incluso una elección manipulada puede ofrecer información al régimen sobre la población y sus élites locales. También puede generar rituales de participación y proyectar una apariencia de normalidad constitucional. Pero la incertidumbre esencial de la democracia —la posibilidad de que el gobernante pierda— ha sido eliminada.
La represión del disenso completa esa arquitectura. Las leyes contra el «descrédito» de las fuerzas armadas, el extremismo, el terrorismo, la traición y los llamados «agentes extranjeros» han ampliado considerablemente la capacidad del Estado para criminalizar la protesta y la crítica. OVD-Info concluyó que en 2025 disminuyeron algunas cifras de detenciones y causas nuevas, pero aumentaron la gravedad de las condenas, su duración media y el uso político de delitos especialmente severos. La menor visibilidad de la protesta no demuestra, por tanto, una menor represión; puede demostrar que el miedo ya ha cumplido su función.
El miedo como institución invisible
Una autocracia no se mantiene únicamente mediante la violencia que ejerce, sino también gracias a la violencia que ya no necesita ejercer. Cuando los ciudadanos conocen las consecuencias de la protesta, muchos se autocensuran. La represión más eficaz es aquella que consigue volverse anticipatoria.
El mecanismo opera igualmente dentro de la élite. Puede existir un descontento considerable respecto a la guerra, al aislamiento internacional o a la gestión del país sin que se traduzca en una oposición organizada. Cada funcionario desconoce hasta qué punto puede confiar en los demás. Una conversación crítica puede ser una confidencia sincera, pero también una prueba de lealtad preparada para descubrir disidentes.
Kotkin ha ilustrado esta situación mediante una escena hipotética: si un alto funcionario critica al presidente ante un colega, este último puede suponer que está siendo examinado. Su reacción más segura consiste en condenar inmediatamente esas palabras y denunciarlas. Aunque ambos compartan las mismas dudas, ninguno se atreve a revelarlas. El miedo destruye el conocimiento mutuo y hace extremadamente difícil la acción colectiva.
Se trata de un problema clásico de coordinación. Miles de personas pueden desear un cambio y, sin embargo, comportarse públicamente como si apoyaran el régimen porque no saben cuántos comparten su opinión ni quién está dispuesto a asumir riesgos. La autocracia no necesita producir una adhesión sincera universal. Le basta con impedir que los descontentos se reconozcan entre sí.
Esta lógica explica también la selección negativa característica de los regímenes personalistas. El gobernante prefiere colaboradores leales antes que figuras autónomas y competentes que puedan cuestionar sus decisiones. Con el tiempo, el círculo de confianza se reduce, la información que llega a la cúspide se empobrece y las decisiones reflejan cada vez más las obsesiones del líder.
La concentración del poder puede ofrecer rapidez, pero reduce la capacidad de corrección. Cuando una mala decisión se identifica con el prestigio personal del gobernante, reconocer el error se vuelve políticamente peligroso. La autocracia parece fuerte porque nadie contradice al líder, pero esa ausencia de contradicción constituye precisamente una de sus mayores debilidades.
El exilio y la desactivación de la oposición
Millones de rusos han abandonado el país durante la etapa de Putin, y nuevas oleadas emigraron tras la invasión de Ucrania y la movilización militar. Entre ellos hay numerosos jóvenes, profesionales, técnicos, científicos, periodistas, artistas y emprendedores.
La pérdida de capital humano perjudica el desarrollo futuro de Rusia. Reduce la innovación, debilita sectores productivos y profundiza la dependencia tecnológica. Sin embargo, puede beneficiar al régimen a corto plazo. Cada opositor que emigra es una persona menos organizando protestas, formando redes cívicas o desafiando desde dentro el relato oficial.
El exilio funciona así como una válvula de escape. El descontento que en otro contexto podría acumularse hasta exigir reformas se dispersa geográficamente. Quienes se marchan conservan su voz y pueden actuar desde el extranjero, pero pierden parte de su capacidad para intervenir directamente en las instituciones y comunidades rusas.
No obstante, sería excesivo afirmar que Putin «permitió» toda emigración como parte de un plan perfectamente concebido. El proceso también genera problemas para el Estado y refleja su incapacidad para ofrecer un futuro atractivo. Lo importante es que el régimen ha preferido soportar esa hemorragia demográfica antes que aceptar una sociedad más abierta. Ha sacrificado capacidades futuras para reducir riesgos políticos presentes.
La violencia ejemplar contra la «traición»
El régimen ruso no se limita a castigar la oposición dentro de sus fronteras. Diversos críticos, desertores y antiguos agentes han sufrido asesinatos o intentos de asesinato en el extranjero. El uso atribuido a agentes rusos de sustancias extremadamente controladas, como el Novichok empleado contra Serguéi Skripal y posteriormente identificado en el envenenamiento de Alexéi Navalni, posee una dimensión que excede la eliminación física de una persona.
La elección de un método que apunta hacia el Estado puede funcionar como una firma. El mensaje no sería únicamente «podemos alcanzar a nuestros enemigos», sino también «queremos que los demás sepan que podemos hacerlo». La violencia se convierte en comunicación política.
Conviene mantener la precisión: no todos los episodios han recibido idéntica confirmación judicial y el Kremlin ha negado reiteradamente su responsabilidad. Sin embargo, la acumulación de investigaciones, sanciones y conclusiones de organismos internacionales permite hablar de un patrón de intimidación transnacional. Su finalidad probable no es convencer ideológicamente, sino elevar el coste psicológico de la deserción y la crítica.
En un sistema patrimonial, la lealtad al gobernante tiende a confundirse con la lealtad a la patria. De este modo, el opositor puede dejar de ser presentado como adversario político y pasar a ser tratado como traidor. Esa transformación semántica facilita que contra él se empleen instrumentos propios de la seguridad nacional.
«Putin es Rusia»: la apropiación política de la nación
Uno de los recursos más eficaces del régimen consiste en identificar la supervivencia de Putin con la continuidad histórica de Rusia. Las críticas al gobierno, las sanciones internacionales o el apoyo a Ucrania se presentan como ataques dirigidos no contra una determinada política, sino contra la nación rusa.
La operación es políticamente poderosa porque explota experiencias históricas reales: invasiones extranjeras, enormes sacrificios bélicos, colapsos estatales y humillaciones internacionales. El régimen se presenta como el único escudo capaz de impedir una nueva catástrofe. Su mensaje implícito es que la alternativa a Putin no es un gobierno diferente, sino el caos, la fragmentación y el sometimiento extranjero.
Pero esta identificación encierra una contradicción. Si Rusia solo puede sobrevivir bajo un determinado líder, entonces el régimen no ha fortalecido verdaderamente al Estado: lo ha vuelto dependiente de una persona. Un país institucionalmente sólido debe poder sustituir a sus gobernantes sin poner en peligro su existencia.
La personalización extrema produce estabilidad aparente y fragilidad sucesoria. Al destruir alternativas, el gobernante hace que su salida resulte más peligrosa. Después puede emplear ese mismo peligro, creado en parte por él, como argumento para permanecer en el poder.
Rusia y China: aliados, pero no iguales
La ruptura con Occidente ha profundizado la relación de Rusia con China. Moscú necesita mercados para sus hidrocarburos, bienes industriales, tecnología, vehículos, componentes y sistemas de pago alternativos. Pekín, por su parte, obtiene recursos energéticos, influencia estratégica y un socio útil en su oposición al predominio estadounidense.
Sin embargo, la relación es asimétrica. Rusia exporta principalmente combustibles y materias primas, mientras que China le vende productos manufacturados, maquinaria, electrónica y vehículos. La diferencia importa porque quien suministra manufacturas avanzadas y tecnología suele ocupar una posición estructuralmente más fuerte que quien depende de la venta de materias primas. Además, China puede diversificar sus proveedores, mientras que Rusia dispone de menos alternativas desde que perdió una parte considerable de sus vínculos occidentales.
Kotkin considera que Rusia corre el riesgo de convertirse en vasallo económico y tecnológico de China. La expresión quizá sea demasiado tajante si se interpreta como subordinación política completa: Moscú conserva armas nucleares, autonomía militar, recursos naturales y una agenda propia. Pero describe correctamente una tendencia. Cuanto más se separa Rusia de Europa, mayor es su dependencia de un socio cuyo peso económico y tecnológico es muy superior.
Los modelos políticos de ambos países tampoco son idénticos. China es un régimen autoritario dominado por un partido que conserva una burocracia extensa y mecanismos internos de promoción, disciplina y planificación. Rusia es una autocracia más personalista, donde las redes patrimoniales y la proximidad al líder tienen un peso especialmente acusado.
Dimensión | Rusia de Putin | China de Xi Jinping
Núcleo del poder | Presidente y círculo personal | Partido Comunista y liderazgo centralizado
Propiedad privada | Condicionada por la lealtad política | Permitida, pero subordinada a los objetivos del Partido
Organización de las élites | Redes personales y patrimoniales | Jerarquía partidista y burocrática
Control del disenso | Policía, tribunales, exilio, censura y violencia selectiva | Censura tecnológica, vigilancia, disciplina partidista y represión
Base económica | Materias primas, rentas energéticas y gasto militar | Manufactura, exportaciones, tecnología e intervención estatal
Principal fragilidad | Sucesión personal, dependencia energética y aislamiento | Exceso de centralización, deuda, demografía y pérdida de información interna
La comparación no pretende presentar a China como una alternativa liberal, sino mostrar que existen diferentes clases de autoritarismo. En ambos sistemas el pluralismo político está severamente restringido, pero el grado de institucionalización y la estructura económica son distintos.
Las paradojas del poder ruso
Rusia combina debilidades profundas con capacidades que impiden tratarla como una potencia en decadencia irrelevante. Su economía es muy inferior a la estadounidense o a la china, sufre problemas demográficos y tecnológicos y ha perdido una parte considerable de su capital humano. Al mismo tiempo, posee uno de los mayores arsenales nucleares del mundo, enormes recursos naturales, una industria militar significativa y una geografía que conecta Europa, el Cáucaso, Oriente Medio, Asia Central y el Pacífico.
Además, algunas de sus instituciones macroeconómicas, especialmente el Banco Central y el Ministerio de Finanzas, han mostrado una competencia técnica considerable. Esta profesionalidad parcial no contradice el patrimonialismo; revela que el régimen conserva enclaves burocráticos eficaces cuando son imprescindibles para su supervivencia.
La paradoja es que Rusia puede estar debilitándose a largo plazo mientras continúa siendo extremadamente peligrosa y capaz de alterar el orden internacional. Una potencia insatisfecha no necesita superar económicamente a sus rivales para provocar daños. Puede explotar divisiones políticas, asumir riesgos que otros evitan, utilizar operaciones encubiertas o amenazar con una escalada militar.
La debilidad, por tanto, no conduce automáticamente a la moderación. En determinados sistemas puede producir la reacción contraria: cuanto mayor es la distancia entre el prestigio deseado y las capacidades reales, más tentador resulta emplear la fuerza para demostrar que el país sigue contando.
Los cinco futuros de Rusia
Kotkin presentó cinco grandes escenarios para el futuro ruso. Algunas exposiciones añaden un sexto —el «callejón sin salida continental»—, pero este describe mejor la trayectoria promovida actualmente por el régimen que un futuro independiente.
El primer escenario es que Rusia llegue a parecerse a Francia: un país que conserva una historia imperial, monárquica y revolucionaria, pero que acepta sus fronteras, renuncia a dominar a sus vecinos y consolida un Estado de derecho republicano. No implicaría abandonar la cultura rusa, sino separar la grandeza nacional de la expansión imperial.
El segundo es el retraimiento. Rusia continuaría siendo autoritaria y nacionalista, pero reduciría sus aventuras exteriores al reconocer que sus costes amenazan la estabilidad interna. No sería una democratización, aunque podría disminuir considerablemente el peligro internacional.
El tercero es la profundización de la dependencia respecto a China. Rusia conservaría formalmente su soberanía, pero quedaría cada vez más subordinada a Pekín como proveedora de recursos, mercado de manufacturas y socio estratégico menor.
El cuarto escenario sería una Corea del Norte a gran escala: una Rusia aislada, empobrecida y represiva, sostenida por sus armas nucleares, sus operaciones cibernéticas, el sabotaje y una confrontación permanente con Occidente.
El quinto es el caos. El debilitamiento del centro podría provocar disputas internas, fragmentación territorial o luchas por la sucesión. En un país con miles de armas nucleares, instalaciones militares, materiales sensibles y científicos especializados, este sería el desenlace más peligroso.
Ningún escenario está predeterminado. Tampoco cabe suponer que la salida de Putin conducirá necesariamente a una democracia. Las estructuras patrimoniales, las redes de seguridad, la cultura política imperial y la ausencia de instituciones alternativas podrían sobrevivir al gobernante.
Conclusión: un Estado fuerte que debilita a Rusia
El régimen de Putin se presenta como restaurador de la fortaleza rusa. Ha recompuesto el poder central, acumulado reservas, subordinado a los oligarcas, modernizado parcialmente las fuerzas armadas y devuelto a Rusia un protagonismo internacional que parecía perdido tras la caída soviética.
Sin embargo, esa restauración contiene una contradicción fundamental. Al identificar el Estado con una persona, debilita las instituciones. Al premiar la lealtad sobre la competencia, deteriora la información. Al someter la propiedad al favor político, limita la innovación. Al expulsar a sus ciudadanos más dinámicos, sacrifica capital humano. Al romper con Europa, aumenta su dependencia de China. Y al convertir la guerra en fundamento de legitimidad, hipoteca la economía y la sociedad.
El sistema puede ser resistente sin ser saludable. Puede sobrevivir a sanciones, pérdidas militares y estancamiento porque distribuye de manera desigual los costes y porque dispone de un formidable aparato coercitivo. Pero sobrevivir no equivale a resolver el problema histórico de Rusia.
La pregunta decisiva no es solo quién sucederá a Putin, sino si Rusia podrá abandonar la asociación entre grandeza y dominación, entre orden y autocracia, entre seguridad y represión. Su cultura europea no garantiza ese desenlace, pero demuestra que la autocracia tampoco constituye una esencia inmutable del país.
La alternativa verdaderamente transformadora no consistiría en que Rusia dejara de ser Rusia, sino en que pudiera concebir su grandeza de otra manera: mediante la seguridad jurídica, el desarrollo cultural, la prosperidad de sus ciudadanos y una convivencia no imperial con sus vecinos.
Mientras no se produzca esa transformación, persistirá el acertijo descrito por Kotkin. Rusia seguirá intentando compensar mediante coerción, militarización y audacia exterior la distancia entre sus aspiraciones y sus capacidades. Y el régimen que afirma salvarla continuará consumiendo precisamente los recursos humanos, económicos e institucionales de los que dependería su futuro.